INICIO
Industria Naval Pesquera Argentina. Fundamentos Políticos. Parte 1

Por lo general, las naciones reservan la construcción de sus barcos pesqueros exclusivamente a los astilleros nacionales cuando sus propias industrias han logrado desarrollar la capacidad de construirlos en forma competitiva.

El fundamento de esta sabia política es que la pesca es una actividad extractiva de recursos naturales que pertenecen a todos los habitantes de cada país. No sólo a los pescadores, ni a las empresas pesqueras, ni mucho menos a los funcionarios de gobiernos provinciales ni nacionales. La riqueza ictícola le pertenece a todos los habitantes de cada nación.

De la misma forma que ocurre con otros insumos y bienes de producción nacional relacionados a la pesca, la política de promoción de la construcción local de los barcos pesqueros busca que los beneficios de la explotación de este patrimonio nacional se reparta entre una base mucho mayor de habitantes. Eso evita que el beneficio se circunscriba exclusivamente a los que aportando su trabajo o capital, están más directamente involucrados en esa explotación. Muchas veces, erradamente, los pescadores, las empresas armadoras y los funcionarios de Pesca se terminan creyendo que son los dueños de esa riqueza ictícola nacional y actúan en consecuencia. Por eso es importante enfatizar y divulgar este concepto clave  y que logre penetrar las legislaciones y regulaciones relacionadas a la actividad.

La forma del reparto de esta riqueza natural entre una base más amplia de habitantes se logra principalmente a través del empleo generado en los astilleros constructores, los navalpartistas y en las actividades concurrentes. Pero también, a través del desarrollo tecnológico naval, los recursos fiscales generados por la actividad económica de la construcción naval y por el ahorro de divisas externas.

Una política de promoción y defensa de la construcción local de pesqueros evita o reduce sensiblemente la importación de barcos pesqueros que pueden hacerse competitivamente en el país. Continuando el concepto anterior, tal importación estaría permitiendo el traslado de una parte del patrimonio ictícola nacional a empresas extranjeras. En ese sentido, la importación de barcos de pesca que podrían construirse en el país, se puede asimilar sin temor a exageración alguna, a la situación de la pesca ilegal. La única diferencia es que en este último caso, la apropiación de una riqueza ajena sólo es más obvia, pero conceptualmente se trata de lo mismo.

Hace ya muchas décadas que Argentina tiene una industria naval capaz de atender competitivamente la mayoría de las demandas de la región. Sin embargo, desde los años setenta y especialmente desde los noventa, los sucesivos gobiernos han evitado activamente toda política de protección de estos intereses nacionales, promoviendo la masiva importación de buques pesqueros, sobretodo usados y libres de impuestos. Como parte de la misma mala política, el Estado tampoco ha cumplido su obligación de proteger a los argentinos del flagelo de la pesca ilegal.

El resultado es obsolescencia, hundimientos, desempleo, depredación, descontrol, ilegalidad, corrupción. No en vano, la política pesquera argentina es considerada uno de los peores casos de todo el mundo.